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Control de contratistas: subcontratación y digitalización

Las obras ejecutadas o los servicios prestados que se realizan de manera permanente o habitual son regidas por el régimen de subcontratación; son excluidas solo aquellas que se producen de forma esporádica o discontinua.

Estos son los detalles.

Subcontratación: seguridad, salud y medio ambiente

En primer lugar, hay que saber que todos estos aspectos son regulados por la ley N° 16.744 de las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En concreto, de acuerdo con la Dirección del Trabajo, Ordinaro N°141/05 (10 de enero de 2007), se señala que “(…) las obras o labores que el trabajador deba realizar para la empresa principal cuando éstas impliquen permanencia, habitualidad, periodicidad o alguna secuencia de tiempo, careciendo de incidencia para estos efectos la duración del vínculo contractual que une al contratista con la empresa principal” estarán afectas a la regulación del régimen de trabajo en subcontratación.

Así, los empleadores que empleen subcontratación de servicios continuos de empresas en Chile tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa de higiene, seguridad y medio ambiente. Para ello, según señala la ley, es necesario que los empleadores implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para cada uno de los trabajadores involucrados y cual sea su dependencia, siempre que en conjunto se agrupen más de 50 trabajadores.

Será función de la empresa principal velar por el funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, además de un Departamento de Prevención de Riesgos.

Importancia de digitalizar las auditorías de la subcontratación

La transformación digital es necesaria en todo orden de negocios. La digitalización facilita el procedimiento de evaluación de proveedores de una empresa al permitir el acceso inmediato a información actualizada sobre el estado de trámites.

Además, es clave en la selección de proveedores en una empresa, así como para el control de contratistas, al garantizar la autenticidad del certificado, que suele estar asociado a un código o protocolo de verificación en una plataforma fiable y fidedigna. Esto permite a las empresas certificadoras cumplir más fácil con las obligaciones dispuestas en la Resolución N° 2.209, del 4 de noviembre de 2015:

  • Mantener copia de los certificados emitidos. 
  • Mantener durante un mínimo de 3 años, respaldos de la información y registros del procedimiento de evaluación de proveedores de una empresa.

Para digitalizar este proceso es necesario contar con un sistema con un alto desarrollo digital, que proporcione una plataforma de calidad mediante la cual los interesados puedan adelantar, revisar y verificar las acciones relativas al trámite de acreditación, siempre que trabajen con empresas subcontratistas en Chile.

Un Software as a Service como el de ZYGHT  facilita el proceso de documentación para las auditorías de subcontratación, contribuyendo con la integración de la transformación digital en las empresas y ayudando con toda la gestión de seguridad, higiene y medio ambiente que exige la ley.

¿Cómo es la acreditación en Perú, Colombia y México?

En México, el artículo 15 C de la Ley Federal del Trabajo, obliga a los contratantes a “cerciorarse permanentemente de que la empresa contratista cumple con las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo de los trabajadores (…)”. Para ello, dispondrían de una Unidad de Verificación, aunque no hay una regulación clara al respecto todavía. Por ahora deben usar sus propios mecanismos, como la verificación de los soportes en la plataforma del IMMS.

Lo propio sucede en Colombia y en Perú donde la norma obliga a los proveedores de servicios a pagar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, y a las empresas contratantes a ejercer control de contratistas.

 

 

Al tiempo les indilga la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento. Así, por ejemplo, en Diciembre de 2019 en Perú se actualizó el Decreto Supremo (DS-020-TR) donde otorgó mayores facultades a la autoridad inspectiva del trabajo para poder auditar a una empresa más de una vez al año cuando se trate de materias de seguridad, salud en el trabajo, derechos fundamentales, registro de trabajadores en planilla y en caso de denuncias sobre incumplimientos de obligaciones sociolaborales.